Majo Osorio impulsa reforma para frenar el uso político de la ayuda social en Quintana Roo

La discusión sobre los límites entre la ayuda social y la promoción política comenzó a tomar fuerza en Quintana Roo luego de que Majo Osorio presentara una iniciativa que busca prohibir el uso mediático y electoral de los apoyos destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

La legisladora, representante de Playa del Carmen, propuso incorporar el artículo 400 Bis a la Ley Electoral estatal con el objetivo de impedir que funcionarios públicos o actores políticos utilicen la entrega de apoyos sociales como herramienta de posicionamiento personal, propaganda o construcción de imagen en redes sociales.

La propuesta surge en un contexto donde la exposición pública de personas beneficiarias de programas sociales se ha vuelto cada vez más frecuente. Fotografías, transmisiones en vivo y videos de entregas de apoyos han sido utilizados durante años como parte de estrategias de comunicación política, situación que para Osorio representa una práctica que vulnera la dignidad de las familias.

“La dignidad de las personas no puede seguir utilizándose como estrategia de marketing político”, sostiene el planteamiento promovido por la diputada quintanarroense, quien aclara que la iniciativa no busca limitar los programas sociales ni obstaculizar procesos administrativos o de transparencia institucional, sino establecer límites claros sobre el uso político de la necesidad ciudadana.

El debate ya comenzó a generar distintas reacciones en el estado. Mientras algunos sectores consideran que la propuesta podría marcar un precedente importante en materia de ética pública, otros ven en la iniciativa un llamado a replantear la forma en que se comunica la política social en México, alejándola de prácticas centradas en la exposición de la pobreza como herramienta de promoción personal.

Con esta reforma, Majo Osorio coloca sobre la mesa una discusión que va más allá de Quintana Roo: el papel de la dignidad humana en la vida pública y los límites éticos entre servir a la ciudadanía y convertir la ayuda social en contenido político.